Las presentes elecciones son una oportunidad para que la población LGBTIQ+ en Ecuador intente posicionar la lucha por sus derechos frente al poder político. Los pasados gobiernos no han logrado sacarse los prejuicios y estereotipos que limitan a este sector de la población el acceso a sus derechos. Por esa razón, la opción de la judicialización ha sido la vía para ser escuchadxs.

En ese marco, desde el año 2017 la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias sobre derechos de la diversidad sexual y de género, que en su sección de reparación integral, exige una reforma legislativa a la Asamblea Nacional. Sin embargo, estos cambios han sido ignoradas por el poder legislativo.

Veamos. En el 2017, la Corte publicó la sentencia No.133-17-SEP-CC que reconoce el derecho a la autopercepción de género como derecho fundamental y se manda a corregir las condiciones discriminatorias que establece la Ley de Gestión de la Identidad para el cambio del nombre y el sexo de las personas Trans e Intersex. Por otra parte, ese mismo año, la Corte también dictaminó la sentencia No.001-17-SIO-CC para generar un procedimiento especial y expedito de carácter penal para el procesamiento eficaz y rápido de algunos delitos, incluido el delito de odio. La Corte determinó que la Asamblea debe realizar esas dos reformas en el plazo de un año.

Pero estas sentencias del 2017 no han sido cumplidas hasta la fecha por la Asamblea Nacional. Incluso, cuando se trataron las reformas de finales del 2019 al Código Orgánico Integral Penal, solo se incluyó el delito de violencia intrafamiliar psicológica para que sea procesado por un procedimiento especial y expedito. En la misma tónica, hasta la actualidad no se ha realizado ningún intento por reformar la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a favor de las personas Trans e Intersex.

Para el año 2018, la Corte Constitucional publicó la sentencia No.184-18-SEP-CC, en donde se reconoce el derecho a la identidad familiar de parejas del mismo sexo, para que puedan registrar a sus hijxs biológicxs con los apellidos de la pareja. La Corte estableció un año para el cumplimiento de su dictamen, pero la Asamblea Nacional no ha realizado ningún tipo de intento por incluir estos cambios, especialmente en la discusión actual del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Otro aspecto. El Matrimonio Igualitario se aprobó en Ecuador el 12 de junio de 2019 a través de dos sentencias de la Corte Constitucional, pero en la sentencia No. 10-18-CN/19 le pide al poder legislativo que regule la legislación para equiparar los derechos de los matrimonios de parejas del mismo sexo con los heterosexuales. Ya se van a cumplir dos años de esta histórica decisión, pero la Asamblea Nacional sigue con su actitud de indiferencia a las órdenes de la Corte Constitucional.

La actitud de desinterés por parte de la Asamblea Nacional respecto a los derechos de la población LGBTIQ+, logrados a través de procesos judiciales, es evidente. Son más de cuatro años de retraso. El incumplimiento del legislativo a las sentencias de a Corte Constitucional es un problema que las y los próximos asambleístas deben solucionar. Es importante mencionar que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, manifiestan que la desobediencia a las sentencias de la Corte Constitucional puede acarrear la destitución de las y los funcionarios públicos que impidan el acatamiento e implementación de las mismas.

Por lo tanto, la próxima Asamblea Nacional debe colocar en su agenda legislativa el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, especialmente en materia de derechos de la población LGBTIQ+. En caso de que la actitud de desprecio a las sentencias de la Corte Constitucional persista, desde la población LGBTIQ+ se insistirá a la Corte Constitucional en la destitución de las y los asambleístas recién electos.

Ilustración: Carlos Armijos

Christian Paula, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magister en Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Argentina. Docente y Director del Instituto de Igualdad Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Socio de la Fundación Pakta.