Es indudable que las tecnologías y los espacios digitales se han convertido en herramientas esenciales para la realización de procesos electorales transparentes y apegados a principios democráticos. Sin embargo, esas herramientas también son vehículos para alterar dichos procesos mediante estrategias de desinformación deliberada, orientadas a influir en sus resultados. 

La campaña electoral en Ecuador no ha estado exenta de esfuerzos espontáneos y coordinados de difusión de información engañosa, falsa, alterada y tergiversada, con efectos divisorios y nocivos para la sanidad del discurso público y la no contaminación del proceso de toma de decisiones de los electores. En el escenario pandémico, las redes sociales han tomado una importancia central para la realización de la campaña y el marketing político; y tal vez en ellas es más evidente el efecto de la desinformación. 

La conversación en el entorno digital se amplifica debido al modelo con fines lucrativos de amplificación algorítmica, difusión y microdifusión de información contaminada. Esto, dicho en otras palabras, significa que la información que hace parte de campañas de desinformación y el discurso que ellas generan, se amplifica debido a que los algoritmos están configurados para que el contenido más popular genere más interacción. No es inusual que la desinformación se inyecte mediante estas plataformas en la forma de publicidad electoral dirigida a perfiles determinados a través del uso de los datos personales y que tiene, en última instancia, el propósito de influir en el voto. No se puede, entonces, tratar el tema de la desinformación sin referirse al rol central de las plataformas privadas, un aspecto que es sumamente problemático. Las plataformas de redes sociales no son espacios públicos, son espacios privados gobernados por imperativos económicos y que tienen poco interés en contribuir a sanear el espacio para el discurso social público. 

La desinformación cala profundamente, empobrece el discurso político, lo reduce al campo acusatorio y de descrédito y se operacionaliza mediante la manipulación de las emociones del oponente o del público. Los argumentos y aspectos sustanciales de los temas en juego se diluyen y derivan en polarización e incluso en violencia. Ejemplos de esto incluyen las presuntas declaraciones del candidato Andrés Arauz relativas a la incautación de viviendas y empresas de llegar a ocupar la presidencia; o las afirmaciones respecto de que el candidato Yaku Pérez estuvo entre las primeras personas en Ecuador en recibir la vacuna contra el Covid-19, contrariando la asignación a grupos prioritarios. En ambos casos, la información se ha señalado como falsa. 

El desafío no es solo distinguir información exacta o inexacta. El desafío está, además, en la escala y la velocidad con la que se propaga información contaminada. Debido a que el nivel de confianza en los actores políticos que disputan la contienda electoral en el Ecuador y de las fuentes oficiales, incluso, no es alta y que no tenemos una cultura y sistemas sólidos de acceso a la información pública, la desinformación ha ganado terreno.

En Ecuador, algunos actores de la sociedad civil y la academia están desplegando esfuerzos importantes de verificación de información. La ciudadanía puede recurrir a esos esfuerzos para contrastar información y evitar alimentar el monstruo. Ecuador Chequea y Ecuador Verifica hacen un trabajo en esa línea. 

Destaco, además, el rol de los medios digitales, los medios ciudadanos y comunitarios. En el Ecuador se intenta impedir su trabajo de varias maneras. El Consejo Nacional Electoral ha indicado que no acreditará a medios digitales para hacer cobertura en el centro de mando el día de las elecciones, por ejemplo. Ello no contribuye a la transparencia del proceso, a diversificar voces y propiciar la pluralidad que el discurso público, para ser democrático, debe tener.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, ofrece pautas útiles para contrarrestar la difusión de información deliberadamente falsa en redes sociales y el uso indebido de datos personales durante períodos electorales.

Ilustración: Carlos Armijos

Valeria Betancourt, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) para Ojo al Dato