El presidente salvadoreño ya no solo despotrica contra sus opositorxs desde Twitter. El 1 de mayo comenzó con el control del Congreso. En sus primeras horas como legisladorxs, la bancada de su partido, ilegalmente, destituyó a lxs jueces del Tribunal Constitucional y al Fiscal General. El país centroamericano se hunde en la mayor crisis política de la postguerra salvadoreña.

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador comenzó sus funciones el pasado sábado 01 de mayo con la destitución de lxs magistradxs del Tribunal Constitucional y del Fiscal General. Bastó que dos diputadxs de la bancada del partido del presidente millennial Nayib Bukele introdujeran esta iniciativa para que se aprobaran con 64 votos. Sin ninguna discusión.

En la emergencia por el covid-19, este Tribunal le puso límites a las arbitrariedades cometidas por el Ejecutivo, como el arresto indefinido de personas acusadas de violar la cuarentena obligatoria. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) hacía lo propio: investigaba irregularidades sobre el desvío de fondos públicos para atender la pandemia.

El contrapeso de poderes sirvió para que Bukele terminara declarando a estas instancias como sus enemigas. No se trata de un discurso nuevo para quien le lleve la contraria. Desde que asumió la presidencia, en junio de 2019, ha despotricado contra la prensa, contra lxs defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Así, la noche del sábado 01 de mayo, lxs diputadxs del partido Nuevas Ideas y ocho votos de otras bancadas, no solo nombraron a nuevxs funcionarixs para esos cargos sin seguir el proceso legal, sino que dieron una entrada triunfal al salón del Congreso al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, algo nunca visto en otras sesiones plenarias.

Arriaza Chicas, luego de estar en el Congreso, mandó a un contingente policial para que lxs nuevxs magistradxs ocuparan sus oficinas en la Corte Suprema de Justicia. Y él, junto con otros policías, hizo lo mismo con el Fiscal General.

Entre el domingo y lunes, el Fiscal General y cuatro de los cinco magistradxs del Tribunal Constitucional destituidos, renunciaron.

¿Una nueva forma de hacer política?

Bukele ganó las elecciones presidenciales de 2019 en una jornada que tuvo la menor participación ciudadana desde hacía 25 años. La gente que lo eligió y la que no fue a votar fue gente descontenta por las gestiones de los gobiernos de derecha y los dos gobiernos de izquierda que sucedieron a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Es el caso de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda, quien está asilado en Nicaragua y es acusado por la justicia salvadoreña del desvío millonario de dinero durante su gestión; o de Elías Antonio Saca, un expresidente de derecha que cumple una condena de 10 años por corrupción.

A este descontento por los casos de corrupción se sumó el problema de la inseguridad. En el país hay tres pandillas que, en 2015, llegaron a cometer hasta más de 15 asesinatos por día.

Entonces, el presidente millennial, proveniente de una familia de empresarios publicistas, vio en este malestar social una oportunidad y se vendió como la renovación de la política. Llegó a ser dos veces alcalde por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda que lo terminó expulsando por desencuentros. Sin embargo, durante esas gestiones, comenzó a consolidar su propio partido político: Nuevas Ideas.

Para 2019, Bukele no logró inscribir a su partido para las elecciones presidenciales y optó por candidatearse con el partido GANA, un partido formado por los disidentes del partido de derecha ARENA.

La reducción de homicidios que ha ocurrido durante su gestión es un logro cuestionado. Investigaciones periodísticas apuntan a que el gobierno de Bukele sostiene un diálogo con las pandillas, parecido a la tregua que protagonizó Funes en 2012.

Pero otros casos que requieren especial atención y urgencia siguen una penosa espera. Pese a las reiteradas solicitudes judiciales, Bukele no ha sido capaz de abrir los archivos militares para llevar justicia a las víctimas de la masacre del caserío El Mozote, ocurrida durante el conflicto armado y cuya causa ventila un tribunal salvadoreño.

A Bukele, ser joven (39 años) no lo deja exento de prácticas autoritarias del siglo pasado. El domingo 9 de febrero de 2020 convocó a lxs diputadxs de la anterior legislatura a una sesión extraordinaria para que le aprobaron un préstamo que destinaría a un plan de seguridad del que no daba explicaciones sobre el manejo de fondos ni los resultados.

A la plenaria asistió solo un grupo de diputadxs leales al presidente. Bukele se tomó el Congreso con militares, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa e hizo una oración. Afuera, a una multitud que le estaba esperando, le dijo que “dios le había pedido paciencia”.

En las elecciones legislativas de febrero de este año, el presidente millennial logró consolidar a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa e hizo de este órgano una extensión de su poder: 56 de los 84 diputadxs pertenecen a su partido. Son funcionarixs que dejaron claro, desde su campaña, que llegarían a trabajar para el presidente. Y ya comenzaron.

Con estos hechos, El Salvador revive escenas de las cinco décadas de regímenes militares que estallaron en 12 años de guerra.

Ilustración: Carlos Armijos

Stanley Luna
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